Recopilado por la Campaña Nacional para Restaurar los Derechos Civiles
Esta es una lista importante de términos y definiciones que lo ayudarán a sortear toda la terminología legal que abunda cuando se habla de estos asuntos importantes.
La Doctrina de Abstención
Un arma que usan los tribunales federales para forzar a los tribunales estatales a resolver los asuntos del derecho constitucional. Los tribunales federales son los que tienen la responsabilidad de interpretar la constitución, por lo tanto estos tribunales tienen jurisdicción sobre todas las interrogantes del derecho constitucional. Preguntas sobre el derecho constitucional pueden surgir en demandas presentadas ante un tribunal estatal y cuando esto ocurre, alguna de las partes del litigio puede tratar de elevar el caso al tribunal federal. Cuando un tribunal federal ejerce la doctrina de abstención, lo que hace es rehusarse a examinar el asunto constitucional que ha derivado del tribunal estatal y, así, deja las cuestiones de derecho constitucional en manos de jueces estatales y hace más difícil que las personas puedan hacer valer sus derechos en un tribunal federal.
ADA (Ley de Estadounidenses Discapacitados)
Es una ley federal que se promulgó en 1990 y que prohíbe que a las personas que sufren de alguna discapacidad física o mental se las discrimine cuando se trata de empleo, servicios públicos, y facilidades para el público. Desde el 2000 los empleados del estado ya no pueden ampararse en esta ley para demandar por discriminación debido al dictamen de la Corte Suprema en el caso University of Alabama v. Garrett (2000).
ADEA (Ley Contra la Discriminación Laboral por Edad)
Es una ley federal promulgada en 1967 y que prohíbe la discriminación laboral por razones de edad contra personas mayores de 40 años. La decisión de la Corte Suprema en el caso Kimmel en 1999 protegió a los empleadores estatales contra esta ley.
Buckhannon Board and Care Home Inc. v. West Virginia Dept. of Health and Human Services (2000)
Los demandantes en casos de derechos civiles pueden ganar los honorarios del abogado o cobrar los gastos de litigio a la parte perdedora cuando el demandante es la parte que triunfa en la demanda. Hasta la decisión en el caso Buckhannon, un demandante en un caso de derechos civiles podía reclamar el pago de los honorarios del abogado si los demandados realizaban voluntariamente algún cambio para acatar la ley a la que el demandante se refería para su protesta. Esto significaba que el caso terminaba en un acuerdo entre las partes y no frente a un juez. Así que antes del fallo en el caso Buckhannon, muchos demandantes llegaban a hacer acuerdos porque les ahorraba recursos y lograban un cambio de proceder, y por que la mayoría no tenía suficiente dinero para proseguir con el caso hasta llegar a juicio. La mayoría de magistrados de la Corte Suprema sabía esto, y la decisión evitará que aquellos cuyos derechos han sido violados lleguen a algún tribunal. En el caso Buckhannon, la Corte Suprema, en voto de 5 contra 4, cambió la ley de manera que, ahora, para lograr que la parte contendora pague los honorarios de abogados, el demandante en un caso de derechos civiles que presenta una demanda amparándose en la Ley de Estadounidense Discapacitados o la Ley de Igualdad para la Vivienda, debe hacer que su caso llegue hasta la etapa de juicio y debe “triunfar” ante el juez, y los arreglos en privado de las partes ya no son suficiente.
Ley de los Derechos Civiles de 1964
Es una ley federal histórica sobre los derechos civiles que contiene varias secciones (llamadas “títulos”) y que prohíbe la discriminación. Esta ley fue promulgada para hacer valer los derechos por los que mucha gente, durante la lucha por los derechos civiles de los años 50 y 60, arriesgó o perdió la vida. El Título VI prohíbe que las agencias públicas o privadas que reciben dinero del gobierno federal discriminen por razones de raza, color o país de origen, pero después del caso Alexander v. Sandoval que se vio en la Corte Suprema en el 2001, esta sección de la ley dejó de ofrecer la protección que daba antes. El título VII prohíbe la discriminación en el empleo por razones de raza, color, país de origen, sexo o religión, y es válida ante cualquier empleador con más de 15 empleados.
Ley sobre el Pago de Abogados de Derechos Civiles.
En Estados Unidos, ambas partes de una demanda deben costearse sus gastos de litigio. Todas las demandas que se hacen son caras y, en el caso de acciones de derechos civiles, los gastos hacen que muchos casos no se lleguen a presentar jamás. Los demandantes y los abogados en cuestiones de derechos civiles no cuentan generalmente con grandes sumas de dinero y en estas demandas, por lo general, no se obtienen cantidades enormes de dinero ya que las demandas se hacen más bien con el fin de provocar un cambio de proceder. Por eso el Congreso aprobó la Ley sobre el Pago de Abogados de Derechos Civiles en 1976; con el fin de hacer más viables las demandas sobre derechos civiles. Esto permitió que los demandantes que ganaban un juicio de derechos civiles amparados en la sección 1983 pudieran hacer que fuera la parte perdedora la que pagara los honorarios de abogados. La decisión, de 5 votos contra 4, de la Corte Suprema en el caso Buckhannon del año 2000 mermó la Ley sobre el Pago de Abogados de Derechos Civiles.
Cláusula de Comercio
La Constitución limita las clases de leyes que puede aprobar el Congreso. La sección 8 del artículo I de la Constitución presenta todos los poderes del Congreso. Si el Congreso promulga una ley que no está dentro de sus facultades, la Corte Suprema puede invalidar dicha ley. Sólo existen tres clases de poder que permiten al Congreso promulgar leyes sobre derechos civiles, y una de ellas es la Cláusula de Comercio, la cual otorga poder al Congreso para poder aprobar leyes que tienen que ver con el comercio interestatal. Este poder se ha usado desde el Nuevo Trato de los años 20 para aprobar leyes de derechos civiles y después para invalidar la segregación. A partir de 1996, empezó a cambiar el sentido de la cláusula, invalidando leyes que se aprobaron acatando la Cláusula de Comercio y que no tienen que ver estrictamente con la economía. Esto hace difícil que el Congreso pueda promulgar leyes de derechos civiles. Así fue, por ejemplo, como se canceló la Ley sobre Violencia Contra la Mujer (el caso Morrison).
Sentencia Convenida
Es una orden judicial que sirve como una forma de poner fin a un litigio. Cuando ambas partes litigantes deciden cómo se debe resolver el caso interpuesto, pueden establecer este acuerdo legal. De allí, el tribunal supervisa la sentencia convenida para asegurarse de que ambas partes respeten el acuerdo.
Indemnización (por daños y perjuicios)
Dinero que puede obtener la parte de un litigio como compensación por una pérdida o una lesión.
Acusado
La persona en un litigio a la que el demandante acusa de haber hecho algo ilegal. En un litigio civil, se refiere a la persona que es demandada.
Impacto Desigual
Esta es una manera de probar discriminación ante un tribunal. Para probar impacto desigual se debe demostrar que determinado grupo (por ejemplo un grupo racial, mujeres o personas con alguna discapacidad) se ve afectado en mayor grado que otros a causa de alguna norma o acción, aun cuando dicha norma pudiera parecer neutral. En el caso Alexander v. Sandoval del 2001, la Corte Suprema decidió, 5 votos contra 4, que la norma del impacto desigual no se puede usar para probar discriminación por razones de raza o país de origen amparándose en el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964. Esta decisión ha impedido que mucha gente pueda llegar a un tribunal para poder hacer valer sus derechos civiles.
Opinión en Discrepancia
La escriben los jueces que no están de acuerdo con la mayoría del tribunal respecto a cierto caso. La opinión en discrepancia no tiene el mismo peso de ley que la opinión mayoritaria, pero es la afirmación del parecer de un juez con respecto a un asunto.
Debido Proceso
Esta es una garantía que ofrece nuestra Constitución para impedir que el gobierno le quite la vida, la libertad o la propiedad a una persona de manera injusta o arbitraria. Lo que esto significa a menudo es que si el gobierno quiere despojar a una persona de alguna de estas cosas, primero tiene que haber un juicio o proceso justo. Hay dos cláusulas de debido proceso en la Constitución; una aparece en la quinta enmienda para controlar a los estados, y la otra está en la decimocuarta enmienda para controlar al gobierno federal.
La Undécima Enmienda
La Corte Suprema ha decidido que esta enmienda prohíbe que las personas demanden a sus estados por violaciones de derechos civiles. Lo que dice realmente el texto de esta enmienda es que los ciudadanos de un estado no pueden demandar a otro estado (si algún residente de California intenta demandar a Texas, por ejemplo). Pero la Corte, mediante dos decisiones, de 5 votos contra 4, ha decidido que la enmienda impide que los empleados estatales puedan demandar al estado que los emplea si en el trabajo se los discrimina por la edad (caso Kimmel) y por discapacidad (caso Garrett).
Cláusula de Igualdad Jurídica
Esta es una sección de la decimocuarta enmienda de la Constitución que dice: “y tampoco ningún estado le negará a ninguna persona igual protección de la ley”. La decimocuarta enmienda se añadió luego de la Guerra Civil para garantizar que el gobierno federal protegiera los derechos de todos sus ciudadanos. Con el tiempo, los tribunales han interpretado esta cláusula como garantía de que las personas que se encuentran en una misma situación deben ser tratadas de igual manera.
Enmienda de 1988 a la Ley de Igualdad para la Vivienda (FHAA, por sus siglas en inglés)
Esta ley federal que se añadió a la Ley de Igualdad para la Vivienda de 1968 prohíbe la discriminación en el sector público o privado con respecto a la vivienda por razones de raza, color, religión o país de origen. Estos cambios de 1988 añadieron “condición familiar” y “personas discapacitadas” a la lista, mejoraron las posibilidades de hacer valer esta ley y aumentaron la cantidad de dinero por daños y perjuicios que una persona puede ganar en una acción judicial por discriminación.
Ley de Normas Laborales Justas
Promulgada en 1938, esta ley prohibió ciertas normas con respecto al empleo de menores, estableció el sueldo mínimo en 25 centavos por hora, y estableció también la jornada semanal de 44 horas. La ley sólo fue válida para ciertas industrias, de manera que solamente casi 1/5 de la fuerza laboral se benefició con estas protecciones.
Federalismo
Con el transcurso del tiempo, este término ha tenido muchos significados. En la época de los hombres que redactaron la Constitución de Estados Unidos, se refería al balance de poder entre los estados y el gobierno federal. En estos tiempos, representa la idea que los estados deben tener el control de sus propios asuntos y que, por lo tanto, deben tener más poder que el gobierno federal. Durante el movimiento en pro de los derechos civiles, la idea del federalismo se usó para justificar la segregación por parte de algunos estados, y hoy en día, la Sociedad Federalista usa la palabra para apoyar la existencia de un gobierno federal más débil y, en consecuencia, leyes federales más débiles sobre los derechos civiles.
La Decimocuarta Enmienda
Enmienda que se agregó a la Constitución después de la Guerra Civil con el fin de proteger los derechos de los que fueron esclavos y garantizar que el gobierno federal los protegiera de la discriminación por parte de individuos o de los estados. La enmienda incluye la Cláusula de Debido Proceso y la Cláusula de Igualdad Jurídica. También se redactó la sección 5 de esta decimocuarta enmienda para poder hacer valer estas garantías ante los estados.
El Caso Garrett
La Corte Suprema, en decisión de 5 votos contra 4, sostuvo que los trabajadores estatales no podían demandar al estado que los empleaba para reclamar daños y perjuicios ante el tribunal federal si se los discriminaba en base a alguna discapacidad. En este caso, llamado University of Alabama v. Garrett (2000), Patricia Garrett fue cambiada a un puesto inferior al de enfermera, que ella ejercía en un hospital estatal, porque a ella le dio cáncer a las mamas y su jefe no quería que alguien que “lucía enferma” estuviera junto a los pacientes. Ella demandó al estado amparándose en la Ley de Estadounidenses Discapacitados (ADA). La Corte utilizó la undécima enmienda para justificar su dictamen, y Patricia Garrett perdió su demanda.
Fallo
La decisión que toma la Corte sobre un caso se conoce generalmente como fallo. El fallo sólo se refiere a aquél que acuerda la mayoría de la Corte y que luego se convierte en ley. Los magistrados que no están de acuerdo con el fallo escriben una opinión en discrepancia por separado.
Discriminación Intencional
Se refiere a una manera de probar discriminación ante un tribunal. Para probar discriminación intencional se tiene que demostrar que la persona o entidad discriminó adrede, lo cual requiere evidencia de lo que estaba en la mente de otra persona cuando ésta hizo algo discriminatorio. Este tipo de discriminación es imposible de probar en muchos casos, incluso cuando pareciera obvio. Aunque a menudo no se puede probar discriminación con este criterio, si se puede hacer según los criterios de la norma de impacto desigual.
Orden judicial prohibitoria
Un mandato dado por el juez y que ordena a la parte de un litigio a hacer algo o dejar de hacer algo. Por ejemplo, un juez puede dar una orden judicial prohibitoria a una entidad estatal para prevenir que ésta decrete algún reglamento que discrimine a las personas por su raza.
Kimmel v. Florida Board of Regents (1999)
En este caso, la Corte Suprema decidió, por 5 votos contra 4, que aun cuando a los dos demandantes se les negó empleo simplemente por su edad, no se permitiría atender sus casos en un tribunal federal a causa de la undécima enmienda. Esta decisión ha hecho que sea difícil imponer la Ley Contra la Discriminación Laboral por Edad (ADEA, por sus siglas en inglés). Asimismo, la decisión ha hecho difícil que el Congreso promulgue otras leyes para proteger a los trabajadores del estado que los emplea.
Responsabilidad
Es decir, responsabilidad legal.
Ley de Medicaid
Esta ley, promulgada en 1965, describe los servicios que el estado debe ofrecer a las personas habilitadas para el programa de Medicaid y, a cambio, dicho estado recibe dinero del gobierno federal para ayudar a financiar su programa de Medicaid.
United States v. Morrison (1999)
En este caso, la Corte Suprema invalidó la Ley Sobre Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), con 5 votos contra 4, alegando que, en principio, el Congreso no tiene la facultad para promulgar esta ley. El caso surgió a raíz de que una mujer fue violada por dos jugadores de fútbol americano de la Universidad Tecnológica de Virginia durante el tiempo que ella era estudiante de dicha universidad.. La escuela declaró culpable a uno de los jugadores y lo suspendió, pero luego revocó su decisión, no se lo informó a la mujer, y dejó que el hombre volviera a la escuela. Al enterarse de esto, la mujer se retiró de la escuela e intentó demandar a la universidad ante un tribunal federal amparándose en la VAWA. A pesar de la gran cantidad de evidencia del Congreso probando que la violencia impide que las mujeres formen parte de la economía, la Corte Suprema sostuvo que el congreso no tenía facultad para aprobar esta ley de conformidad con la Cláusula de Comercio o la decimocuarta enmienda. Este caso limitó seriamente la capacidad del Congreso para promulgar leyes sobre los derechos civiles.
Ley Nacional de Relaciones Laborales
Esta ley de 1935, más conocida por sus siglas (en inglés) NLRA o llamada también la Ley Wagner, otorgó a los trabajadores el derecho a organizarse y formar sindicatos. Tiempo después, en 1947, la Ley Taft-Hartley debilitó mucho la NLRA.
Demandante
La persona o grupo que inicia una acción judicial.
Derecho de Acción Judicial Privado
El derecho que tiene una persona a presentar una acción judicial ante un tribunal. No todas las leyes permiten el derecho de acción judicial privado, por lo que a veces la persona necesita que sea el gobierno el que presente la acción judicial a nombre suyo (algo que es raro en los casos de derechos civiles). La decisión de la Corte Suprema en el caso Sandoval eliminó el derecho de acción judicial privado para los casos de discriminación racial que se amparan en el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964.
Reglamento
Norma dada por una entidad del gobierno que amplia o interpreta alguna ley del Congreso. Estas normas valen como leyes, pero los tribunales no les dan tanta consideración como a las leyes que aprueba el Congreso.
Ley de Rehabilitación
Esta ley federal prohíbe que el estado y los gobiernos regionales que reciben fondos federales discriminen a las personas discapacitadas en cuanto a facilidades al público. Esta ley fue ampliada con la ADA (Ley de Estadounidenses Discapacitados), pero todavía es una ley válida.
Recorte de los Derechos Civiles.
Una frase que explica lo que los tribunales federales están haciendo para debilitar las leyes sobre derechos civiles. Los tribunales están quitándole al Congreso la facultad de promulgar leyes que protegen los derechos civiles y están haciendo más difícil que las personas puedan imponer las leyes de derechos civiles ya existentes. Los tribunales con mayoría de jueces conservadores son los que dirigen este recorte y mucha gente no está al tanto del problema por el vocabulario legal que contienen estos dictámenes.
Sandoval
En este caso llamado Alexander v. Sandoval, la señorita Sandoval demandó al estado de Alabama porque, al ser éste un estado con la política de “sólo inglés”, se negó a ofrecer los exámenes para obtener la licencia de conducir en español y, por lo tanto, la discriminó en base a su país de origen. La Corte Suprema decidió, por 5 votos contra 4, que las personas naturales solamente pueden demandar al estado amparados en el Título VI si pueden probar discriminación intencional, algo que una persona el la situación de la señorita Sandoval no podría probar. A raíz de este caso, si una persona sólo tiene prueba de impacto desigual, no tiene derecho de acción judicial privado ante el tribunal federal, por lo que sólo le queda tratar de persuadir al gobierno federal para que asuma su caso, algo que pasa rara vez.
Sección 5 de la Decimocuarta Enmienda
La parte de la Constitución que da al Congreso el poder para imponer la decimocuarta enmienda, que incluye la Cláusula de Debido proceso y la Cláusula de Igualdad Jurídica, y aprobar leyes sobre derechos civiles para que las personas puedan demandar al estado y hagan valer estas leyes. Tanto el caso de Garrett como el de Morrison limitan la facultad que la sección 5 da al Congreso y hacen más difícil que éste apruebe leyes sobre derechos civiles que permitan a la gente presentar demandas para hacerlas valer.
Sección 1983
Una ley federal que origina el derecho de un individuo a iniciar una acción judicial cuando el estado no ha respetado sus derechos.
Seminole Tribe of Florida v. Florida (1996)
La Corte Suprema vio este caso y dictaminó que el Congreso no tiene facultad para aprobar una ley que permita que las personas demanden al estado por daños y perjuicios.
Acuerdo
Un arreglo que hacen ambas partes de un litigio para poner fin a la acción judicial y que las compromete legalmente. El tribunal no controla el acuerdo, lo cual lo distingue de la sentencia convenida.
Inmunidad Judicial del Estado
Se refiere a la idea de que el gobierno, estatal o federal, no puede ser demandado. La undécima enmienda es un ejemplo de esta clase de protección que no permite interponer acciones judiciales federales contra los gobiernos estatales. Durante décadas las personas podían demandar al estado por violaciones de las leyes federales sobre derechos civiles, pero esto fue sólo hasta que la Corte Suprema inició el recorte de los mismos y cambió la ley al dictaminar que los estados gozan de inmunidad judicial de cada vez más clases de demandas, lo cual dificulta el que la gente pueda hacer valer sus derechos civiles.
Derechos del Estado
Que es otra manera de describir el federalismo. Durante el curso de la historia de Estados Unidos, los defensores de los derechos del estado han sostenido que el poder del gobierno federal, incluyendo al Congreso y los tribunales federales, debe ser limitado. Los que se oponían a los derechos civiles en los años 60 hablaron de derechos del estado para sustentar sus argumentos. Hoy en día, este movimiento sigue fortalecido y apoyado por grupos como la Sociedad Federalista.
Renuncia de Inmunidad del Estado
Es una de las dos formas en que un estado pierde su inmunidad judicial, dando paso a que las personas puedan demandar al estado por discriminación (para la otra forma, lea la sección 5 de la decimocuarta enmienda). Como la Corte Suprema ha estado recientemente otorgando más y más inmunidad judicial a los estados con respecto a casos de derechos civiles, algunos estados que sí valoran estos derechos, han aprobado leyes por la cuales renuncian a su inmunidad y permiten que la gente los pueda demandar por daños y perjuicios ante un tribunal federal. A esto se denomina renuncia de inmunidad del estado. Hasta hoy, los estados de Minnesota, Carolina del Norte e Illinois han aprobado la renuncia de inmunidad y quedan más estados que están considerando aprobar leyes similares para proteger a sus ciudadanos de la discriminación.
Estatuto
Una ley que aprueba el Congreso o la legislatura de un estado.
La Corte Suprema
Es el tribunal de mayor jerarquía en Estados Unidos. Tiene la facultad de interpretar la Constitución y las leyes que da el Congreso. La Corte está compuesta por nueve magistrados. Los actuales magistrados son: el presidente de la Corte John Roberts, Samuel Alito, Ruth Bader-Ginsberg, Steven Bryer, Anthony Kennedy, Antonin Scalia, David Souter, John Paul Stevens y Clarence Thomas. Cinco magistrados deben estar de acuerdo para dar una decisión mayoritaria que se convertirá en ley.
Título VI de la Ley de los Derechos Civiles
Prohíbe que los programas que reciben fondos federales (sean programas públicos o privados) discriminen en base a la raza, color o país de origen.
Título IX de la Ley de los Derechos Civiles
Prohíbe la discriminación por razones de sexo en todo programa o actividad educativa que reciba ayuda económica del gobierno federal, pero tiene muchas excepciones.
Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer
Conocida a menudo como VAWA (por sus siglas en inglés), esta ley fue promulgada en 1994 para dar dinero a los estados que se esfuerzan por prevenir la violencia contra la mujer. La ley incluía una estipulación que permitía que las víctimas de violencia pudieran demandar a sus atacantes ante el tribunal federal, pero la decisión en el caso United States v. Morrison declaró inconstitucional esta parte de la ley. La VAWA se autorizó nuevamente en el año 2000, después del dictamen sobre Morrison, pero ya sin esta estipulación.