Los juicios no se dan únicamente a puerta cerrada en la sala de un tribunal; le pasan a gente común y corriente. A continuación presentamos una lista de casos claves que muestran el impacto humano de los fallos judiciales. Algunos de ellos ilustran la forma en que los tribunales están reduciendo y debilitando nuestros derechos civiles. Otros muestran cómo los nombramientos de los magistrados Alito y Roberts a la Corte Suprema pueden hacer que los buenos dictámenes terminen al revés. Muchos de estos casos tienen impacto sobre otras áreas de la ley. Por ejemplo, el resultado de un caso sobre una comunidad en Camden, Nueva Jersey, dificulta a todos el tener derecho de acudir a una corte para probar discriminación.
Lo siguiente es una lista en orden alfabético y que sigue creciendo. Si sabe de algún caso que debiera figurar aquí, avísenos, escribiendo a: rollback@nylpi.org.
31 Foster Children v. Bush
Alden v. Maine
Alexander v. Sandoval
Arlington Central School District v. Murphy
Banks v. Dallas Housing Authority
Barnes v. Gorman
Bd. of Trustees of the Univ. of Alabama v. Garrett
Buckhannon Board and Care Home, Inc. v. West Virginia Dept. of Health and Human Resources
Burlington Northern Santa Fe Railway v. White
Dewakuku v. Martinez, Secretary of Housing and Urban Development
Gonzaga v. Doe
Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. N.L.R.B.
Jennings v. University of North Carolina
Kimel v. Florida Board of Regents
Litman v. George Mason University
Nevada Department of Human Resources v. Hibbs
Rapanos v. United States
South Camden Citizens in Action v. New Jersey Department of Environmental Protection
United States v. Morrison
Westside Mothers v. Haveman
En florida, Los niños bajo cuidado tutelar que estaban en hogares y lugares sobrepoblados e inadecuados y eran colocados con familias abusivas, peligrosas o negligentes, demandaron al gobernador del estado y otros funcionarios por no cumplir con mantener a los niños a buen resguardo ni brindarles el cuidado o los lugares de tutela apropiados.
Los niños creían que podían hacer valer sus derechos en virtud de la Ley de Ayuda para
Un tribunal federal de Florida se rehusó a atender el caso en base a una cantidad de tecnicismos legales. Lo que es peor, el tribunal dictaminó que la ley federal que regula las adopciones no podía hacerse cumplir mediante la demanda por parte de los niños. A pesar de que existía una ley que había sido creada para protegerlos, se quedaron desprovistos de todo recurso para hacerla cumplir.
329 F. 3d 1255 (11th Cir. 2003)
John Alden y sus compañeros de trabajo demandaron a su empleador, el estado de Maine por violar la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act). La Corte Suprema ya había establecido que los estados no podían ser demandados en un tribunal federal por violaciones a esta ley, razón por la cual los trabajadores se vieron forzados a presentar su demanda en un tribunal estatal. En este caso
527 U.S. 706 (1999)
Martha Sandoval sabía conducir y podía identificar las señales de tránsito en inglés en las calles, pero no hablaba bien el inglés. Sin embargo, Alabama, lugar donde ella residía, había aprobado la política "English only" (sólo inglés). Cuando no se le permitió tomar ninguna parte de su examen de manejo en español, siendo por lo tanto discriminada en base a su país de origen, Sandoval entabló una demanda en contra de ese estado.
En el año 2001,
532 U.S. 275 (2001)
Pearl y Theodore Murphy consideraban que su hijo, quien sufre una discapacidad, no recibía el tipo de educación pública que se garantiza en la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés). Ellos interpusieron una demanda contra su distrito escolar para obligarlo a brindar al niño la educación que necesitaba y el tribunal dictó sentencia a su favor. Luego los padres solicitaron que el tribunal ordenara al distrito escolar pagar los honorarios y gastos en los que habían incurrido para interponer la demanda. El pedido de los Murphy se amparaba en una disposición de la ley que permite a los tribunales “otorgar el pago razonable por honorarios de abogado como parte de los costes legales”.
A pesar de que la solicitud de los Murphy fue concedida por los tribunales distritales y de circuito,
126 S.Ct. 2455 (2006)
La Ley de Vivienda (Housing Act) de 1937 fue creada para garantizar que toda vivienda subvencionada fuera "decente, segura e higiénica". Sin embargo, las familias que habitaban en un complejo de apartamentos subvencionados de Dallas vivían en condiciones totalmente contrarias. Los edificios tenían serios problemas de estructura: pisos separándose de los muros, techos y tejados con goteras, y atoros en las cañerías de desagüe. Los edificios y pasadizos eran objeto de vandalismo y con igual frecuencia se cometían asesinatos y otros actos violentos. Los inquilinos se quejaban ante la Dirección de Vivienda mediante un promedio de
Finalmente, las familias se unieron y entablaron una demanda en contra de la Dirección de Vivienda y los propietarios del edificio por quebrantar la ley. Al principio todo parecía indicar que habían tenido éxito, cuando la Dirección de Vivienda dejó de proveer asistencia para los alquileres a los arrendadores. El caso fue a juicio y el jurado determinó que los propietarios de los apartamentos eran culpables de violación de la Ley de Vivienda.
Pero a pesar de que el caso fue a juicio y el jurado acordó que los arrendadores habían quebrantado la ley, el juez se mostró en desacuerdo y desestimó la decisión del jurado en base a un tecnicismo legal. Aunque la ley federal de vivienda explicaba muy bien los derechos, este tribunal sentenció que no indicaba de manera exacta lo que se podía hacer si dichos derechos eran violados. El fallo del tribunal establecía, en esencia, que no existía un derecho federal a una vivienda decente, y cerró sus puertas a estas familias y otras a quienes no se les respeta el derecho a un hogar decente, seguro e higiénico, que establece la Ley de Igualdad para la Vivienda (Fair Housing Act).
271 F.3d 605 (5th Cir. 2001)
Jeffrey Gorman, quien se moviliza en una silla de ruedas, fue arrestado en Kansas City, Missouri. La camioneta que se usó para transportarlo a la estación policial no se encontraba equipada para movilizarlo en su silla de ruedas. A pesar de sus protestas, los oficiales retiraron al señor Gorman de su silla y usaron su correa para sujetarlo a un banco. Cuando el cinturón cedió, Gorman cayó del banco, se golpeó la espalda y el hombro, y su bolsa de orina se rompió. El señor. Gorman entabló una demanda en contra del departamento de policía de la ciudad de Kansas por discriminación basada en su discapacidad. En el año 2002,
122 S. Ct. 2097 (2002)
Patricia Garrett se desempañaba como enfermera supervisora en el Centro Médico de
531 U.S. 356 (2001)
A Dorsey Pierce, un anciano de ciento dos años de edad, residente del hogar de convalecencia Buckhannon Board and Care Home, el estado de West Virginia le informó que no podía continuar viviendo en Buckhannon debido a una ley denominada "norma de autoprotección" (self-preservation rule) que prohibía que dicho hogar albergara a personas que no podían abandonar las instalaciones por sí solas en caso de incendio. El hogar Buckhannon, el señor Pierce y otros residentes entablaron una demanda en contra del estado, alegando que esta ley discriminaba a las personas discapacitadas. Antes de que se pudiera dar el fallo sobre el caso, la legislatura de West Virginia derogó la norma de autoprotección y, por lo tanto, el juez expresó que ya no era necesario emitir un fallo sobre el caso. A pesar de que técnicamente ellos no ganaron su caso en un tribunal, el señor Pierce y el hogar pensaron que fue su demanda la que condujo a la derogación de esta ley y al resultado favorable de este caso, así que solicitaron al tribunal que se les otorgue una indemnización por concepto de honorarios de los abogados. La Corte Suprema dictaminó que debido a que, técnicamente, ellos no habían ganado su demanda en un tribunal, no podían recuperar su dinero.
532 U.S. 598 (2001)
Cuando a Sheila White, una empleada de Burlington, la pusieron a trabajar con los montacargas, su jefe comentó en repetidas oportunidades que las mujeres no estaban aptas para trabajar en su sección y la insultó delante de sus compañeros de trabajo. La señorita White, la única mujer que trabajaba en esa sección, presento una queja, y al poco tiempo la relevaron del trabajo con los montacargas y le asignaron un trabajo menos deseable. Ella se volvió a quejar, esta vez ante la Comisión de Oportunidades de Empleo Equitativas (Equal Employment Opportunity Commission), alegando que se habían tomado represalias en su contra por haberse quejado de la discriminación. Poco tiempo después, la tildaron de “insubordinada” y la suspendieron sin pago. La señorita White presentó otra demanda por represalias y a las finales recuperó su empleo, así como también los 37 días de pago atrasado que se le debían.
La compañía de ferrocarriles argumentó que la señorita White no debería demandarlos por dinero ya que al final recobró su trabajo, pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo en eso. A la señorita White la habían discriminado de dos formas: al designarle tareas menos deseables y al dejarla sin ingresos por más de un mes.
Al decidir este caso del 2006, la Corte Suprema fortificó nuestro derecho a protección contra la discriminación y represalias de un empleador. Sin embargo, hizo que los tipos de represalias contra los que podemos luchar quedaran limitados a aquellos en que “el daño llega a tal punto que un empleado razonable bien podría quedar disuadido de presentar o apoyar un cargo de discriminación”.
126 S. Ct. 2405 (2006)
Serena Dewakuku compró una casa que fue construida por
El tribunal que atendió el caso de Serena se mostró de acuerdo en que la autoridad de vivienda había quebrantado la ley y le ordenó que solucionara dichos problemas. La autoridad de vivienda impugnó este fallo y el caso retornó a los tribunales. En esta oportunidad, el tribunal de apelaciones desestimó el caso en base a un tecnicismo legal. Este tribunal declaró que, a pesar de que la Ley de Vivienda establecía que la señora Dewakuku tenía derechos, ésta no establecía de forma explícita que ella podía acudir a los tribunales si se violaban tales derechos.
La señora Dewakuku no podía entablar juicio, así que se quedó con una casa defectuosa y de pésima construcción. Este tribunal nos dice que, incluso si la Dirección de Vivienda quebranta la ley, las personas que adquieren casas pésimamente construidas no cuentan con un recurso legal en los tribunales. Podemos pensar que tenemos derechos porque existen ciertas leyes, pero eso no significa necesariamente que podemos hacerlas cumplir.
241 F.3d 1031 (Fed. Cir. 2001)
Un ex estudiante interpuso una demanda en contra de la Universidad Gonzaga porque alegaba que la universidad había divulgado información privada acerca suyo en incumplimiento de
536 U.S. 273 (2002)
José Castro fue contratado por Hoffman Plastics sobre la base que, al parecer, sus documentos verificaban que estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos, pero después el señor Castro y otros trabajadores fueron despedidos por apoyar una campaña de organización sindical. El Concejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) decidió que despedir a estos trabajadores quebrantaba
En el año 2002,
122 S. Ct. 1275 U.S. (2002)
Cuando Melissa Jannings era una miembro del equipo de fútbol soccer en la Universidad de Carolina del Norte, pasó por cosas molestas e inapropiadas, pero la escuela no hizo nada al respecto. Su entrenador hacía preguntas sobre las actividades sexuales de ella y otros miembros de su equipo, hacía comentarios personales y sugerentes acerca de los cuerpos de sus compañeros de equipo, y usaba un lenguaje áspero para animar a la conversación sobre las vidas privadas de los miembros del equipo. Incómoda y enojada, Jennings se quejó ante la administración de la universidad sobre la conducta inapropiada del entrenador, pero le dijeron que resolviera el asunto sola.
Al no poder obtener ayuda de parte de los funcionarios de la escuela, Jennings y otro miembro del equipo interpusieron una demanda contra la universidad y sus entrenadores. Ella puso la demanda amparándose en el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos del sexo de parte de los programas educativos.
Sin embargo, los tribunales la rechazaron ya que decían que el constante acoso que sufrió no era suficiente para justificar un juicio. Así pues, los tribunales le negaron protección a esta joven al decidir que las acciones del entrenador no eran lo suficientemente “graves, perversas ni objetivamente ofensivas” para fundamentar la demanda de Melissa.
444 F.3d 255 (4th Cir. 2006)
Daniel Kimel y otros bibliotecarios de la Universidad Estatal de Florida demandaron a ese estado por discriminar en cuanto a su escala de sueldos. En el año 2000,
120 S. Ct. 631 (2000)
Annette Litman era estudiante de la Universidad George Mason cuando el profesor para el cual realizaba trabajos de investigación empezó a acosarla. Parte de la rutina era decirle que la amaba y hacerle preguntas acerca de su vida sexual. La acechaba; la esperaba a la salida de las clases y le decía que "la extrañaba". Luego que ella tratara de evitarlo, él le dijo que "tenía maneras" de encontrarla. Ella presentó una queja, y la universidad le ordenó al profesor que mantenga distancia, pero se rehusó a efectuar una investigación. Ella prosiguió con su queja, la universidad menospreció su insistencia y la tildó de una "buscar la sinrazón".
La señorita Litman intentó enjuiciar a la universidad, alegando que había sido víctima de represalias e interpuso una demanda en virtud de una ley que prohíbe la discriminación sexual en escuelas como la Universidad George Mason, que reciben ayuda económica federal.
El tribunal falló en contra de la señorita Litman, alegando que el texto de la ley no le otorgaba el derecho específico de acudir a los tribunales e interponer una demanda por represalias. El fallo del tribunal sugería que a pesar de que la ley permite que las agencias federales incluyan las represalias como una forma prohibida de discriminación, la señorita Litman no podía demandar para frenar actos de discriminación en base a represalias. Tanto ella como otros estudiantes se han quedado imposibilitados de conseguir que los tribunales hagan cumplir sus derechos a una educación libre de acoso sexual.
156 F. Supp. 2d 579 (E.D. Va. 2001)
William Hibbs, quien fuera miembro del personal del Departamento de Recursos Humanos de Nevada, fue despedido de su trabajo mientras gozaba de licencia para poder atender a su esposa convaleciente. Puso una demanda amparado en la Ley de Licencia por Razones Familiares o de Salud (o FMLA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1993 y que garantiza que los padres puedan pedir licencia para cuidar a sus recién nacidos y que los trabajadores tengan derecho a doce semanas al año inclusive para atender a sus padres, cónyuges o hijos enfermos. El juez de un tribunal distrital desestimó el caso del señor Hibbs, para lo cual basó su decisión en una nueva tendencia de dictámenes de la Corte Suprema que limitan las ocasiones en que las personas pueden demandar a los estados que violan la ley. El juez decidió que William no podía enjuiciar a Nevada si consentimiento del mismo estado.
No obstante, William ganó cuando su caso llegó finalmente a la Corte Suprema en el 2003. Allí se determinó que la redacción de la Ley de Licencia por Razones Familiares o de Salud conlleva la intención puntual de anular toda protección que algún estado pueda pensar que tiene para no ser enjuiciado. El caso se decidió por un margen muy pequeño y la interrogante sobre cuándo la gente puede demandar al estado todavía perdura en la Corte Suprema.
538 U.S. 721 (2003)
Aprobada en 1972 durante el gobierno del presidente Nixon, la Ley de Pureza del Agua (Clean Water Act) es una de las leyes sobre el medio ambiente de mayor éxito y popularidad, la cual confiere autoridad al gobierno federal sobre el "agua de los Estados Unidos". El dictamen de
El fallo reciente emitido por
Del fondo de estos casos acerca de "pantanos" (ecosistemas esenciales para el control de inundaciones, el agua potable, la agricultura y la vida silvestre) surge la gran pregunta de si el gobierno federal está facultado para aprobar y hacer ejercer las leyes. Estos casos suscitaron la interrogante de si el Congreso puede aprobar una ley para proteger el agua que puede encontrarse dentro de un sólo estado. Existe mucho en juego: miles de pequeños riachuelos y aproximadamente 20 millones de acres de extensión de pantanos. Debido a que el agua en muchos estados se encuentra conectada con prácticamente cada estado aguas abajo del otro, la supervisión por parte del gobierno federal tiene un papel importante en la protección del medio ambiente.
Con su fallo,
126 S. Ct. 2208 (2006)
En South Camden, Nueva Jersey, un tribunal suspendió el permiso de funcionamiento para una nueva fábrica de cemento en vista del impacto contaminador desmedido que esta planta hubiera tenido sobre sus moradores (ya existían muchas plantas de residuos tóxicos en el área). El tribunal estableció que las personas que vivían en el área alrededor de la fábrica eran víctimas de discriminación debido a su raza y que estaban siendo obligadas a soportar más problemas de contaminación que los que les correspondían.
Sin embargo, guiándose por el fallo emitido por
Tras varias apelaciones, los habitantes de South Camden finalmente perdieron su caso en el año 2006.
Dos hombres violaron a Christy Brzonkala durante el tiempo en que los tres eran estudiantes del Instituto Politécnico de Virginia. Ella demandó a sus violadores en virtud de la Ley Sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés); una ley que permite que las víctimas de actos de violencia motivados por el género presenten sus demandas en un tribunal civil.
En el año 2000,
120 S. Ct. 1740 (2000)
Un grupo de madres de familia de Michigan se organizó debido a que su estado no le brindaba a sus hijos la cobertura de atención médica adecuada, a pesar de que dicho estado utilizaba dinero federal para el programa Medicaid. El grupo decidió entablar una demanda contra el estado para hacer cumplir las disposiciones de Medicaid a las que tenían derecho.
En el año 2002, la corte de distrito de Michigan sostuvo que las personas naturales no cuentan con el derecho de hacer cumplir las disposiciones respecto a Medicaid debido a que este programa es un acuerdo entre el gobierno federal y el estado. El tribunal de apelaciones revertió esta sentencia; sin embargo, la lógica de este caso ha sido adoptada por otros jueces, la cual sin duda será nuevamente aplicada en situaciones similares.
289 F. 3d 852 (2002)