En los últimos años, la Corte Suprema ha reducido significativamente el poder del gobierno federal para hacer valer las leyes que nos protegen y hacer que los estados cumplan con su responsabilidad ante sus ciudadanos. Los dictámenes de la Corte dan a entender que a menudo la gente no puede enjuiciar a los gobiernos estatales aun cuando éstos violen la ley y los derechos de una persona, a menos que el estado esté de acuerdo en ser enjuiciado. ¿Parece una locura? Es peor todavía pues resulta que ahora, aun si un gobierno estatal viola alguna ley creada por el Congreso para proteger los derechos de la gente, tal como la Ley de Estadounidenses Discapacitados (American Disabilities Act) o la Ley Federal de Licencia por Razones Familiares o de Salud (Family and Medical Leave Act), una persona no puede recurrir a un tribunal para obtener el salario perdido, pagos atrasados o algún otro tipo de indemnización. Así, los trabajadores se quedan despedidos injustamente de sus empleos, con casi nada por hacer aun cuando puedan probar que el gobierno estatal los discriminó.
La Corte Suprema ha dado rienda suelta a la idea de que los estados se hallan por encima de la ley. Sin embargo, hay tres estados que han declarado que no deben discriminar y que si lo hacen, aceptan que la gente haga valer las leyes federales. Minnesota, Illinois y Carolina del Norte son los estados que han aceptado su responsabilidad ante la gente y han renunciado al derecho de que se les excluya de los mandatos de la Ley Federal de Discriminación Laboral por la Edad, la Ley Federal de Licencia por Razones Familiares o de Salud, la Ley Federal de Estadounidenses Discapacitados, la Ley del Título VII de los Derechos Civiles y la Ley de Condiciones Justas de Trabajo.
Muchos estados han aprovechado las recientes decisiones de la Corte Suprema y han decidido seguir exentos de responsabilidad ante sus ciudadanos al violar la ley federal. Muchos estados han aprobado legislatura, o están por aprobarla, que incluso sirve para fortalecer, aumentar o reforzar la facultad de evadir demandas. En Georgia, por ejemplo, un doctor que establece un contrato con el estado para ofrecer servicios médicos gratuitos a residentes de escasos ingresos, se considera parte del estado y, por consiguiente, no puede ser enjuiciado. Aun si dicho doctor actúa con negligencia tal que alguien resulta herido, la víctima no tiene derecho a ningún tipo de indemnización por sus lesiones. Algunos estados han aprobado leyes que les permiten ser enjuiciados en ciertas circunstancias, pero no si violan los derechos civiles.
El asunto de si el estado se halla de cierta manera por encima de la ley federal tiene gran impacto en la vida de la gente común y corriente. Después de su tratamiento de cáncer mamario, a Patricia Garrett la reubicaron y le dieron un puesto inferior al de su trabajo como enfermera supervisora del Centro Médico de la Universidad de Alabama, aun cuando ella todavía podía hacer bien su trabajo. La señorita Garrett demandó a su empleador, pero la Corte Suprema dictaminó que los empleadores estatales deben estar protegidos y no pagar salario perdido o daños y perjuicios en casos de demandas por discriminación amparadas en la Ley de Estadounidenses Discapacitados, aun cuando la discriminación sea clara. A la señorita Garrett, como le pasa a muchos otros estadounidenses, no le quedó nada por hacer con respecto a las medidas ilegales de su empleador.
Milton Ash era un guardia de seguridad de una penitenciaria estatal que solicitó que su empleador hiciera arreglos razonables que él pensó estarían amparados por la Ley de Estadounidenses Discapacitados, cuyo estatuto de amplio espectro sobre derechos civiles prohíbe discriminar a las personas discapacitadas. Siendo él una persona que sufre de asma aguda y otros problemas pulmonares, le era particularmente importante que el estado impusiera la exigencia de “no fumar” en el puesto de guardias. Además, pidió que se diera mantenimiento de rutina a los carros. Más de una vez lo tuvieron que llevar apresuradamente al hospital debido a problemas respiratorios agudos relacionados con la pureza del aire. Cumplía las condiciones para realizar su trabajo y podía hacerlo, pero el estado no tomó medidas ante su discapacidad ni impuso su propia norma de no fumar.
En el tribunal, Patricia Garrett y Milton Ash se chocaron con el mismo problema, que aunque podían probar discriminación, el estado de Alabama argumentaba que no tenían derecho de entablar juicio ni tenían derecho a indemnización por pagos atrasados para compensar sus salarios perdidos a causa de la discriminación que sufrieron.
Por suerte, todavía hay maneras de esquivar esta restricción y hacer que los estados asuman su responsabilidad cuando no están de acuerdo con que se los demande y violan algunas de las leyes federales. Todavía se pueden presentar casos para forzar a los estados a cambiar sus normas o preceptos, y la Corte no ha dictaminado todavía que los estados están por encima de todas las leyes federales.
Durante las luchas contra la esclavitud que tuvo este país, cuando el gobierno federal ayudó a la gente a sobrevivir la crisis de la Gran Depresión y, últimamente, con los derechos civiles, aquellos que se oponían a la abolición, al Nuevo Trato y a las leyes sobre derechos civiles, izaron este asunto de los “derechos de los estados” (ante el poder federal) como si fuera un estandarte. Sin embargo, el verdadero federalismo, que es el balance entre el poder nacional y el poder local, le otorga al gobierno federal la autoridad para hacer lo que sea necesario para proteger el medio ambiente, asegurarse de que la comida sea sana y limpia, y proteger a la gente de que se la discrimine en el trabajo o la vivienda.